La multitudinaria marcha celebrada en València el pasado viernes ha sido mucho más que una concentración simbólica. Ha sido un grito colectivo contra el racismo, contra la criminalización de comunidades enteras y contra el silencio institucional ante el odio. Más de 3.000 personas salimos a la calle para rechazar la violencia racista desatada en Torre Pacheco (Murcia), donde, tras una agresión individual, se ha desencadenado una respuesta social marcada por el señalamiento colectivo y el castigo indiscriminado hacia la comunidad marroquí.
Este tipo de reacciones —alimentadas por discursos políticos y mediáticos irresponsables— no sólo son injustas, sino peligrosas. Convertir a una comunidad entera en chivo expiatorio mina la convivencia, rompe los lazos sociales y normaliza la violencia estructural. La manifestación en València, convocada por la plataforma València pels Drets de les Persones Immigrades y respaldada por más de 1.250 entidades, expresó con contundencia que no se tolerará la impunidad del racismo ni la islamofobia creciente.
El cartel que representa la marcha —«Cap ésser humà és il·legal» (Ningún ser humano es ilegal)— retoma el espíritu del primer post de opinión que se difundió en nuestro medio en 2022 con esa misma consigna. Aquel mensaje fue el inicio de una iniciativa formulada por un grupo ciclista en pos por los derechos de las personas migrantes, por su dignidad, por su derecho a vivir sin miedo. Hoy, su eco vuelve a resonar con más fuerza que nunca, recordándonos que la humanidad no se divide en legales e ilegales, sino en quienes respetan los derechos y quienes los pisotean.
Además, aunque en esta ocasión el foco esté puesto en la comunidad marroquí, es fundamental señalar que el racismo y la xenofobia pueden dirigirse contra cualquier nacionalidad o colectivo en función del contexto social, económico o político. Personas de otras nacionalidades —como la comunidad argentina, por ejemplo— pueden también ser objeto de discursos de odio o estigmatización, aunque por motivos diferentes: la precariedad, la competencia laboral, o los estereotipos mediáticos. Nadie está exento cuando se permite que el odio crezca sin freno.
Reivindicar que ningún ser humano es ilegal es rechazar la deshumanización. Es alzar la voz frente a quienes promueven políticas excluyentes, muros físicos y simbólicos, discursos de odio que convierten la diferencia en amenaza. Es también un llamado a las instituciones para que no miren hacia otro lado: necesitamos una respuesta justa, valiente y reparadora ante las agresiones y la estigmatización.
En València, el mensaje ha sido claro: no se va a permitir que el racismo se normalice ni que la violencia quede sin respuesta. Porque la solidaridad no se mendiga: se ejerce. Y porque la justicia no puede ser selectiva: debe alcanzar a todas las personas, sin importar su origen, religión o situación administrativa.
